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La ejecución presupuestaria en los municipios del Perú presenta un saldo sin ejecutar de más de S/9700 millones. Según el doctor Guillermo Dulanto, economista y profesor de la UDEP, esto refleja graves falencias en la gestión pública.

Por Gianfranco Quispe Alarcón. 20 enero, 2025. Publicado en Diario El Tiempo, el 19 de enero del 2025.

El portal de Transparencia Económica del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF)registra que, el saldo no ejecutado de los proyectos de inversión en 2024 asciende a S/9714 millones. Este déficit de ejecución pone en evidencia la ineficiencia en la gestión pública local, lo que afecta el desarrollo de proyectos clave para la población.

El doctor Guillermo Dulanto Rishing, economista y profesor de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Piura, señala varias razones que explican la baja ejecución presupuestaria en los gobiernos locales. Entre ellas, destaca la “ineficiente gestión pública en la elaboración de los expedientes técnicos y en las licitaciones” y la “engorrosa normatividad que impide la rapidez del proceso de ejecución”.

Causas de la baja eficiencia

Además, explica Dulanto, las transferencias del Gobierno nacional recién se concretan en los últimos meses del año, lo cual impide que se puedan ejecutar antes de que este acabe.

“Si una transferencia efectiva (devengada y girada) llega a un gobierno local en octubre, ya es casi imposible que pueda ejecutar todo el proyecto a fin de año. A esto se le suma la corrupción que traba los procesos de licitación cuando las empresas perdedoras impugnan ante OCSE”, señaló.

Asimismo, subraya que el problema es más que técnico. “El Estado peruano, en sus tres niveles, tiene un problema estructural causado por una mala normatividad y por ineficiencias en personal público. La meritocracia, normal en la gestión privada, no existe en nuestro sector público”, detalló.

Los recursos del Canon y ordinarios

Los recursos provenientes del Canon, que representan casi el 50% del total del gasto ejecutado el año 2024, son exclusivos para proyectos de inversión, distintos a los ordinarios. “Los recursos ordinarios representan el 22% del gasto ejecutado el 2024. La principal diferencia radica en la disponibilidad y en el proceso de ejecución. Mientras que los recursos del Canon pueden ser ejecutados durante los años siguientes, los recursos ordinarios deben ser ejecutados antes de fin de año; de lo contrario, revierten al MEF, lo que obliga a las municipalidades a gestionar nuevamente los fondos en el siguiente ejercicio fiscal”, explicó.

De esta forma, en algunos casos, el gasto en proyectos no tiene el impacto deseado. “En un estudio que realizamos para los casos de Piura y Arequipa, se observó que el gasto de inversión con uso de Canon se dispersa en pequeñas obras de menos de un millón de soles, lo cual diluye su impacto. Un caso claro es el de Talara, donde, a pesar de recibir recursos del Canon durante años, no tiene agua potable las 24 horas”, afirmó.

Necesidad de reformas y capacitaciones

Para el docente de la UDEP, una reforma integral del Estado y la mejora de la capacitación de los funcionarios públicos son esenciales para resolver estos problemas. “Por mucha capacitación que se realice, se pierde al cambiarse funcionarios de manera continua, y, también, al no existir una verdadera carrera pública, muchos funcionarios pierden interés en capacitarse”, advirtió.

Dulanto también menciona que los trámites administrativos, como las licitaciones y los expedientes técnicos, son una traba considerable para la ejecución de obras públicas.

“Muchas veces la normatividad para evitar la corrupción y los posibles daños ambientales o arqueológicos, entrampan los procesos y dilatan los tiempos. No es que esté mal cuidar estos temas; pero, quizás, falta una mayor capacitación de los funcionarios encargados de realizar tales gestiones, para que los procesos sean más ágiles, o revisar la normatividad existente para ver su conveniencia y efectividad”, enfatizó.

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