Sería saludable que el Congreso empezará el debate sobre si, bajo las circunstancias actuales de un país donde la corrupción sigue siendo un mal endémico, es razonable y constitucionalmente válido mantener una inmunidad presidencial
Por Francisco Alvarez. 14 junio, 2022. Publicado en Correo, el 14 de junio de 2022.
Desde el Gobierno del presidente Castillo Terrones, la crisis sobre la interpretación del artículo 117° de la Constitución, respecto al alcance de la inmunidad presidencial y las facultades constitucionales del Ministerio Público para la persecución penal a nivel de investigación, ha ido en aumento.
Es verdad que, durante la vigencia de la Constitución de 1993, existió una “costumbre” procesal de la Fiscalía de la Nación de respetar el fuero de la inmunidad presidencial y entenderla en forma absoluta, lo que generó que ningún presidente constitucional haya sido alguna vez investigado.
Sin embargo, ya en la época de la presidencia de Martín Vizcarra existía una gran presión política y mediática para romper aquella costumbre, por las denuncias de corrupción habidas durante su gobierno, como cuando ejerció el cargo de gobernador regional de Moquegua.
Con el Gobierno del presidente Castillo las denuncias de corrupción de allegados y familiares han ido creciendo, al punto de que sus ministros y el propio presidente están hoy en el medio de varias investigaciones que conduce el Ministerio Público.
En este contexto, la Fiscalía de la Nación, hoy a cargo de Pablo Sánchez, ha roto esa mal denominada “costumbre” y dispuso el inicio de una investigación preliminar en contra del presidente. Sin embargo, aún restan dudas sobre si, por ejemplo, podría continuar la investigación preparatoria o si, por el contrario, debía formular la formalización y esperar la autorización del congreso para continuar con su caso.
Sería saludable que el Congreso empezará el debate sobre si, bajo las circunstancias actuales de un país donde la corrupción sigue siendo un mal endémico, es razonable y constitucionalmente válido mantener una inmunidad presidencial que, a la lectura de la actual Constitución, solo permite acusar a un presidente constitucional por traición a la patria, cerrar el Congreso, impedir las elecciones o por no permitir el funcionamiento de órganos electorales.
Este es un artículo de opinión. Las ideas y opiniones expresadas aquí son de responsabilidad del autor.
