El lenguaje claro como fundamento de una cultura democrática

El idioma condensa una manera de comprender el mundo y de construir pertenencia, de tal modo que lengua y cultura resultan inseparables

Sostener una opinión propia no equivale a poseer la verdad; del mismo modo, argumentar no es lo mismo que insultar. No obstante, en el uso cotidiano del lenguaje, estas distinciones suelen atenuarse, lo que evidencia que en nuestras palabras no solo se expresa lo que pensamos, sino también la forma en que convivimos. En efecto, el idioma condensa una manera de comprender el mundo y de construir pertenencia, de tal modo que lengua y cultura resultan inseparables. Así, hablar y escribir nos sitúan frente a la realidad y nos permiten reconocer al otro en un espacio compartido.

Desde esta perspectiva, asignar un nombre a las cosas no solo nos permite comprender el mundo, sino también confirmar que somos parte de una comunidad en la que el diálogo —y también el conflicto— forman parte de la vida social. En consecuencia, si se entiende que la cultura es el conjunto de rasgos distintivos que caracterizan a un grupo social (Unesco, 2024), el español se configura como la expresión viva de la historia y la identidad de los pueblos que lo hablan y, además, como una herramienta para promover una ciudadanía más democrática, al posibilitar una comunicación clara. De ahí que, la democracia sea, en gran medida, una cuestión de palabras; por ello, conviene reflexionar la manera en que las instituciones públicas se dirigen a los ciudadanos.

En este contexto, diversos países hispanoamericanos han impulsado políticas públicas orientadas a mejorar la relación entre la ciudadanía y el Estado mediante el uso del lenguaje en el ámbito judicial y administrativo. De acuerdo con el Anuario del Instituto Cervantes 2025, El español en el mundo, una de estas propuestas es el lenguaje claro, entendido como una forma de comunicación —principalmente escrita— que busca fortalecer la calidad comunicativa del español en los espacios oficiales y garantizar una relación más transparente entre las instituciones y la ciudadanía.

A nivel regional, se observan avances significativos. En México, por ejemplo, el lenguaje claro se instauró como política pública desde 2004, acompañado de programas de capacitación y de la publicación del manual Lenguaje ciudadano, aún vigente. Asimismo, se creó la Red de Lenguaje Claro y se desarrollaron guías especializadas para la elaboración de sentencias del Tribunal Electoral. Por su parte, en Chile, el interés por este enfoque surgió en 2005 en el ámbito legislativo, y posteriormente se consolidó con la creación de la Red de Lenguaje Claro Chile, integrada por organismos públicos y universidades. En 2023, el Gobierno chileno publicó la Guía de beneficios, derechos y garantías sociales que promueve el uso del lenguaje claro.

De manera similar, en Colombia, durante el gobierno de Juan Manuel Santos, el lenguaje claro se incorporó como parte de las políticas de “buen gobierno” para reducir la corrupción. En el ámbito judicial, la sentencia de la Corte Constitucional T-311 de 2024 constituye un hito, ya que resolvió una acción de tutela presentada por un el dueño de un negocio contra la autoridad policial de Ibagué. En su decisión, la Corte consideró que se vulneraron los derechos fundamentales de este ciudadano debido al uso de un lenguaje técnico sin explicación y al empleo de fórmulas rituales.

En suma, estas experiencias permiten afirmar que el lenguaje claro no constituye únicamente una cuestión estilística, sino una herramienta democrática que fortalece la transparencia, la confianza entre el Estado y la ciudadanía, y el acceso efectivo a los derechos. En consecuencia, promover un uso responsable y claro del español no solo mejora la calidad del servicio público, sino que representa un paso significativo hacia la construcción de una sociedad más justa, participativa y cohesionada.