Las obras inconclusas, la falta de planificación, la división de funciones entre entidades y la desarticulación institucional pueden aumentar la vulnerabilidad de las ciudades frente a fenómenos como El Niño.
Por Luis Delgado Rivadeneyra. 17 noviembre, 2026. Publicado en El tiempo, 15 de noviembre del 2026
Las consecuencias de un desastre no siempre se explican por la fuerza de la naturaleza. También es necesario examinar las decisiones y omisiones de los encargados de la gestión pública. En esta entrevista, el doctor Orlando Vignolo, especialista en Derecho Administrativo y profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Piura, explica las dificultades del Gobierno para organizar la prevención, garantizar la ejecución de obras y asumir las responsabilidades que podrían afrontar por no adoptar medidas preventivas.
¿Qué establece el marco normativo peruano sobre la responsabilidad de las autoridades en la prevención de desastres? ¿Quiénes intervienen?
Cuando se declara una emergencia de alcance nacional, intervienen –inicialmente- el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) y los ministerios competentes. También existen competencias regionales y municipales, según la magnitud y las características del evento. Estas últimas administraciones públicas tienen un rol importante, porque gestionan las ciudades, desarrollan infraestructura, prestan servicios y regulan las construcciones que son fundamentales para reducir los riesgos ante desastres naturales.
Cuando una obra depende de la intervención de varias entidades públicas, ¿cómo se distribuyen las responsabilidades y quién asegura que se ejecute?
Uno de los problemas de la gestión pública es que las competencias para desarrollar una intervención de emergencia pueden dividirse –excesivamente- entre varias entidades. Esta fragmentación completamente disfuncional, creada por nuestro legislador, puede generar demoras y dificultades que terminan impidiendo que los proyectos se concreten.
Por eso, es fundamental que exista una dirección clara y que las responsabilidades estén organizadas por tipos de evento con competencia o potestades propias y directas, basadas en el principio de subsidiariedad territorial.
Si una autoridad conoce los riesgos y no adopta medidas para reducirlos, ¿qué consecuencias jurídicas podría afrontar?
Si una autoridad conoce los riesgos, cuenta con un presupuesto destinado a atenderlos y, aun así, no adopta las medidas correspondientes, dependiendo de las circunstancias, esta omisión le podría generar responsabilidades penales o incluso, también, pueden existir consecuencias políticas, como un eventual proceso de vacancia de un alcalde o gobernador regional.
Sin embargo, en estas circunstancias, es importante analizar y ponderar cada caso, para evitar la sobre punición penal o administrativa, la anómala administración defensiva y la parálisis por miedo de los funcionarios involucrados. Se debe distinguir entre una omisión reprochable de la autoridad y una situación que escapa a sus posibilidades de previsión y respuesta (el riesgo imprevisible).
Y, ¿si una entidad pública no cuenta con recursos suficientes para ejecutar obras de prevención?
Existen entidades que no cuentan con los recursos económicos o las capacidades técnicas suficientes para ejecutar las obras que necesitan. Además, hay fenómenos cuya ocurrencia no puede anticiparse científicamente con precisión.
En estos casos, se necesita una organización que permita articular los recursos y las capacidades de las distintas entidades, así como establecer procedimientos claros para actuar ante cada tipo de evento.
¿Qué mecanismos legales tienen los ciudadanos para exigir que las autoridades cumplan con sus obligaciones de prevención y atención de desastres?
Los ciudadanos pueden recurrir a la acción de cumplimiento y las denuncias penales; sin embargo, estas herramientas no son suficientemente eficaces.
Es necesario desarrollar una vía judicial colectiva, rápida y acompañada de medidas cautelares que permita exigir a las autoridades la ejecución de proyectos indispensables para proteger a la ciudadanía. Para ello, habría que revisar y reformar normas como el código procesal constitucional y la ley del proceso contencioso administrativo, de modo que existan mecanismos más efectivos para exigir el cumplimiento de estas obligaciones.
¿Qué papel cumplen los órganos de control en la supervisión de los recursos destinados a obras de prevención y atención de emergencias?
La Contraloría cumple una función de supervisión mediante la elaboración de informes y la identificación de posibles irregularidades en la gestión de los recursos públicos. Instituciones como la Defensoría del Pueblo y el Ministerio Público también pueden intervenir dentro de sus competencias.
Sin embargo, estos mecanismos tienen limitaciones y no siempre consiguen que se ejecuten las obras necesarias. Se debe avanzar hacia mecanismos que permitan exigir resultados concretos y oportunos en la prevención de desastres.
¿Qué cambios institucionales ayudarían a mejorar la prevención y evitar que las autoridades actúen solo después de un desastre?
El país tiene que ordenar su marco normativo y establecer con mayor claridad las responsabilidades de cada entidad. Una propuesta es desarrollar un código jurídico de emergencia que organice las disposiciones y determine qué procedimientos deben seguirse según el tipo de desastre.
También es importante promover la participación del sector privado en la ejecución de obras de prevención y reconstrucción, mediante mecanismos como “obras por impuestos”.
Lo que la región Piura necesita
Adaptar las normas de construcción y la infraestructura urbana a las condiciones climáticas, como si fuera una ciudad tropical altamente lluviosa.
Revisar el trazado de la ciudad formal, construida fuera y dentro de los brazos del río del Piura (mejora la planificación de desarrollo urbano), el contenido de las nuevas licencias de construcción, los sistemas de drenaje, las características de los techos a dos aguas, así como la forma y pendiente de las vías públicas.
También, revisar la organización de redes de acueductos y la configuración de los espacios públicos abiertos para soportar inundaciones (como bosques secos internos, parques públicos con uso de represas subterráneas, zonas inundables que nunca deben ser construidas y grandes represas de acumulación de líquido).
Las emergencias del clima volverán a ocurrir siempre; por ello, no basta con atender sus consecuencias periódicas, sino que debemos preparar nuestras ciudades para afrontar las fuentes de los problemas; de lo contrario, volveremos al ciclo ilícito de la reconstrucción infinita.








