Se acercan los comicios para elegir funcionarios de los gobiernos regionales, provinciales y locales. ¿Qué analizar antes de votar?, ¿qué está bien y qué no tanto? El profesor Guillermo Chang Chuyes, aborda algunas de estas cuestiones.
Por Elena Belletich. 19 septiembre, 2022. Publicado en el suplemento Semana, del El Tiempo, el 18 de setiembre.“El buen gobierno exige buenos gobernantes. Tecnócratas inmorales y ‘buenoides’ ignorantes no garantizan el bienestar de la sociedad; menos aún, los gobernantes corruptos”, indica el doctor Chang Chuyes, profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Piura y especialista en derecho administrativo.
Señala la necesidad de que los mejores lleguen a los cargos públicos. “Eso se logra entronizando a la meritocracia, como principio para acceder a todo cargo público. Y, en los cargos de elección popular, los electores tenemos la batuta para elegir a los mejores”.
En su opinión, ¿qué necesita un gobierno para ser eficiente y eficaz?
Tener soluciones realistas. Hay que partir de la propia realidad social, territorial y cultural para poder buscar soluciones. Muchas veces copiamos soluciones extranjeras sin tropicalizarlas y no funcionan porque no responden a nuestro peculiar modo de ser. Esto seguirá pasando porque estamos llenos de políticos ideologizados, tanto de derecha como de izquierda, en el legislativo y en el ejecutivo. Mientras no cambiemos esto, el Estado seguirá siendo un elefante blanco.
Sin equipos idóneos en el Ejecutivo, ¿cómo se puede avanzar en la resolución de importantes problemas referidos a la salud, la seguridad, la alimentación, la educación y otros?
Es imposible avanzar sin buenos funcionarios. Aquí se aplica la famosa frase de quien no avanza, retrocede. Y esto lo notamos todos. Al sol de hoy, y tras una pandemia, los sectores mencionados no son más eficientes. Hay proyectos detenidos, no ha crecido la infraestructura hospitalaria, educativa o en materia de seguridad. Y lo que es peor aún, e impacta en la alimentación, es el caso de la frustrada compra de urea.
¿De qué modo la situación actual afecta a los menos favorecidos?
Ya de por sí, vivir en una situación de miseria es una gran afectación a la dignidad humana. Y esto se agrava cuando el Estado peruano no tiene una capacidad de gestión económica para sacarlos de esta situación. Por ello, la eficiencia y eficacia del Estado empieza cuando atiende a sus ciudadanos más vulnerables. Un ejemplo palpable de ello es el manejo de la inflación. Ahí la mala política hace que todos paguemos sus errores. Los que tienen educación y medios pueden palear frente a esta situación. Empero, en la mayoría no hay ni conocimientos y menos aún una espalda financiera para aguantar esa carga.
¿Qué medidas urgentes hace falta tomar para hacer un Perú más viable social y económicamente?
Lo urgente es buscar soluciones a los problemas de la mayoría, en especial de los más vulnerables. En mi particular opinión, pienso que estos son los denominados derechos económicos y sociales de la constitución: educación, salud, pensiones y trabajo. Con los problemas en estas áreas, se puede sacar de la misera a muchas personas. La construcción de infraestructuras en educación y salud, a su vez, impacta en el trabajo y las pensiones. Además, el Estado debe contar con la iniciativa privada para ese fin. Debe reconocer que no lo puede todo.
Con un parlamento muy fragmentando, ¿cómo legislar en las materias que hacen falta o para cubrir vacíos en los ámbitos electoral, vacancia presidencial, corrupción y otros?
Entre las funciones del parlamento, tiene dos importantes: legislar y fiscalizar. En la primera, habría que partir de la realidad de cada sector. En ese caso, hay que también distinguir la jerarquía normativa: no es lo mismo la Constitución y las normas legales. No estamos en un momento de cambiar la Carta Magna, sino de analizar si verdaderamente se ha desarrollado para ser eficaz. En caso contrario, el Congreso deberá hacer ajustes a la legislación.
Entre los temas mencionados, el ámbito electoral ha sido constantemente modificado en los últimos años. No sé si es oportuno volverlo a cambiar. La vacancia exige un cambio constitucional, lo cual también es complicado ahora. Ello implica perder institucionalidad. Respecto de la corrupción, es importante la constante fiscalización del Congreso hacia el Ejecutivo, en especial del correcto gasto del dinero público.
Desde el punto de vista jurídico, ¿se puede remediar la situación de incertidumbre, caos y corrupción?
Desde el derecho administrativo, tres cuestiones son importantes. La primera es el ejercicio de las funciones dentro de la legalidad. Por decirlo en sencillo: que cada palo aguante su vela. Ello implica que cada órgano del Estado debe ejercer sus competencias teniendo en cuenta lo que establece la ley. Hay caos cuando los poderes (o sus órganos) no respetan esto. En caso de vacío, deberían solicitar al poder (u órgano) competente, que legisle sobre la materia, de ser el caso. Lo segundo, es la justificación razonable de las decisiones de todos los órganos del Estado. Y hago hincapié en lo razonable porque de nada sirve motivar actos estatales que solo enumeran las leyes. Finalmente, la publicidad y transparencia son un gran desincentivo para la corrupción.
Qué opina del llamado de muchos para realizar ‘nuevas elecciones generales’, ¿esto es factible?
Aquí mi opinión es más política – y por ende personal – que técnica. No concuerdo con que se acorte el mandato por una sencilla razón: hay que respetar la voluntad popular y la Constitución. Ello también nos ayuda a ser responsables. Por un lado, responsabilidad de los ciudadanos en el voto. Por otro, responsabilidad en los políticos que tiene un incentivo para hacer un buen gobierno. Las urnas han elegido al presidente Castillo y mientras no haya los votos para vacarlo, lo constitucional es que siga en el cargo. Lo otro, es volver caer en un caudillismo mesiánico, que nos hace daño y que existe desde la fundación de la República.
¿Qué consecuencias jurídicas y políticas podría traer esto?
El manoseo circunstancial de la Constitución atenta contra la estabilidad que nos puede brindar la Carta Magna, desde el punto de vista político. Con ello, también perdemos institucionalidad y seguridad jurídica, desde el punto de vista del derecho. Incluso, esto tiene un impacto económico, porque ahuyenta las inversiones nacionales y extranjeras. La política es el arte de lo posible y mientras tanto, con estos bueyes hay que arar.
Cara a las elecciones regionales, provinciales y locales que se avecinan, ¿qué medidas y quiénes deben tomarlas, para asegurar elecciones transparentes?
En toda elección hay tres actores importantes: los candidatos, los ciudadanos y el órgano electoral. Al órgano electoral le corresponde garantizar la transparencia en las elecciones. Esa transparencia empieza cuando filtra los requisitos de inscripción de candidatos. El órgano electoral debe exigir los requisitos sustanciales sin formalismos irracionales. Luego, el día de la elección, debe garantizar la eficacia del proceso: la instalación puntual de las mesas y el conteo de los votos.
¿Qué nos corresponde a todos, como ciudadanos, en estas elecciones?
De este trinomio de actores, los ciudadanos son los más importantes. Ellos deben escoger pensando no en intereses personales sino en los generales, o sea en el bien común. Para ello es importante que se informen de dos datos: primero, de la función que desempeña la autoridad a elegir. Ello ayuda a tener claridad respecto de lo que puedo exigir al candidato.
El segundo dato tiene que ver con las propuestas del candidato. Debo analizar cómo va a cumplir las funciones que la ley le ha asignado, y tras una comparación, elegir al mejor (o al menos malo). Finalmente, es importante mencionar que algunos ciudadanos se incorporan al proceso electoral en su calidad de miembros de mesa y, por ende, son la autoridad. A ellos, hay que recordarles que debe primar la voluntad del elector antes que las formalidades.
