Un mandato obtenido en medio del desorden no resuelve la crisis: la hereda. Y gobernar sobre el caos, tiene un alto coste para el país.
Por Jeng Cheng Nakazaki Hum. 27 abril, 2026. Publicado en La razón el 27 de abril de 2026Las elecciones de este 12 de abril de 2026 no han traído la esperanza anhelada por el pueblo peruano cansado de tanta inestabilidad política; al contrario, la caótica jornada ha abierto una nueva crisis. Aunque los resultados a boca de urna, los conteos rápidos y el procesamiento en tiempo real intentan ofrecer una imagen de normalidad, Perú sigue inmerso en una vigilia cargada de incertidumbre y perplejidad. Lo ocurrido el domingo no fue un contratiempo logístico menor, fue la expresión de un sistema incapaz de generar confianza en medio de la incertidumbre.
El colapso administrativo profundiza en una herida más compleja: la desafección política y el descrédito de los partidos. Con el 72 % de actas escrutadas, el electorado lanza un claro mensaje porque, de los 35 partidos postulantes, cuatro nuevas fuerzas políticas lograrán ingresar en el Congreso, mientras sólo tres repetirán presencia. Todo indica que partidos clásicos como Avanza País, Perú Libre, Podemos Perú, Alianza para el Progreso y el APRA se quedarán sin representación al no superar la barrera electoral del 5%. Un poder legislativo fragmentado entre siete partidos sin mayorías claras. Esto refleja una renovación profunda -y en algunos casos traumática- del mapa parlamentario.
La ONPE y la gestión del desencanto
Una elección es, en esencia, un contrato de confianza entre el ciudadano y el Estado; un proceso donde las instituciones deben garantizar la libre decisión de los ciudadanos para elegir a sus representantes. Cuando dicho contrato se resquebraja por la incapacidad institucional, la legitimidad del gobernante nace cuestionada.
La ONPE es la encargada de organizar y ejecutar los procesos electorales en Perú. Y en esa única tarea tuvo negligencias inadmisibles. Según reconoció su máximo responsable, Piero Corvetto, más de 52.261 electores en Lima no pudieron emitir su voto porque no se entregó el material electoral en 187 mesas de San Juan de Miraflores, Lurín y Pachacámac. En otros centros de votación de la capital, las mesas abrieron mucho más tarde del horario establecido por el mismo problema, lo que obligó a las autoridades a ampliar los plazos de votación.
Ante la denuncia de partidos políticos, la Policía entró en el edificio de ONPE para realizar diligencias. La Fiscalía, la Junta Nacional de Justicia y el Jurado Nacional de Elecciones iniciaron investigaciones contra el jefe de la ONPE, Piero Corvetto, y la empresa de transporte responsable de la distribución del material. Las autoridades tomaron esta medida urgente con el fin de “evitar vulneraciones a los derechos de los ciudadanos al voto”.
Este deterioro operativo actúa como catalizador de la desconfianza crónica instaurada en la mente del elector. En un país con una fuerte animadversión institucional, la ineficiencia logística electoral no es una simple anécdota.
Abstención y voto en condiciones excepcionales
La desafección política no es coyuntural; resulta de un distanciamiento progresivo entre la ciudadanía y un sistema que no logra presentarse como significativo. El «no sé por quién votar» era el síntoma de una apatía política comprensible. Aunque no se dispone aún de datos definitivos, parece que casi cuatro millones de peruanos han decidido abstenerse en un país con voto obligatorio.
Nada en el reglamento electoral contemplaba este escenario. Además, parte del electorado votó este lunes con resultados ya circulando, con más información, presión y ruido. Una situación inédita con efectos impredecibles: el votante indeciso pudo dejarse arrastrar hacia los candidatos que percibía como ganadores viables -el llamado efecto bandwagon- o, al contrario, volcarse estratégicamente hacia una opción para bloquear el pase a segunda vuelta de un candidato no deseado -el efecto underdog-. Las condiciones, en cualquier caso, no fueron las de una jornada normal.
El laberinto de la posverdad y el voto como escudo simbólico
En este contexto, la lentitud de respuesta institucional cuesta caro. En la era digital, todo vacío oficial se convierte en terreno fértil para la especulación, la sospecha y la desinformación. La ONPE tuvo que desmentir la circulación de supuestos resultados del voto en el extranjero difundidos en redes sociales y el clamor de un supuesto fraude en las redes sociales. La falta de respuesta rápida de la ONPE convirtió el caos de las mesas en el caldo de cultivo para los bulos, y varios candidatos denunciaron fraude en redes antes de que hubiera un solo resultado oficial.
Cada grupo procesó el caos según sus propios sesgos. Lo que para unos fue incapacidad administrativa, para otros se trató de una operación fraudulenta. En ese escenario, la desinformación circula porque cada grupo político encuentra en ella una explicación útil para su indignación y una confirmación de sus sesgos. Y el caos del domingo confirmó la tesis que dibujaban las encuestas: esta no fue una elección de programas, sino una elección de trincheras donde el adversario político ha dejado de ser un competidor legítimo para convertirse en una amenaza existencial. Se votó «contra alguien» y «por miedo a alguien».
Gobernar sobre el caos
El resultado electoral todavía en recuento muestra, con el 72 % escrutado, a Keiko Fujimori en cabeza con casi el 17%, seguida por Rafael López Aliaga 13%, Jorge Nieto 12% y Ricardo Belmont 9,9%.
Un mandato obtenido en medio del desorden no resuelve la crisis: la hereda. Y gobernar sobre el caos, tiene un alto coste para el país. Por eso, aunque no hay solución para el Congreso y el Senado, resulta imprescindible organizar una segunda vuelta clara, ordenada y fiable en las presidenciales.
