Durante la Guerra Fría, la doctrina Monroe se integró a la estrategia de contención del comunismo y sirvió de fundamento político para múltiples intervenciones directas e indirectas. En el siglo XXI, esta lógica reaparece bajo nuevas formas.
Por Susana Mosquera Monelos. 13 enero, 2026. Publicado en diario El Comercio, el 13 de enero de 2026La Doctrina Monroe, proclamada en 1823 por el presidente estadounidense James Monroe, constituye uno de los pilares históricos de la política hemisférica. Surgió en un contexto de profunda reconfiguración internacional tras las guerras napoleónicas y la desintegración del imperio español, y tuvo inicialmente un carácter defensivo y anticolonial: buscaba impedir nuevas colonizaciones europeas en América y proteger a las jóvenes repúblicas del continente. Aunque presentada como una afirmación de la autonomía americana, contó desde sus inicios con el respaldo estratégico de Gran Bretaña, interesada en preservar sus intereses comerciales y frenar el retorno de las potencias europeas continentales. Este apoyo se consolidó especialmente tras el Arbitraje de París de 1899, que resolvió el diferendo entre Venezuela y el Imperio Británico en favor de este último, asignándole el territorio de la Guayana Esequiba.
Con el tiempo, la Doctrina Monroe experimentó una transformación sustantiva. El Corolario Roosevelt (1904) la convirtió en justificación explícita del intervencionismo estadounidense en América Latina bajo la premisa de preservar el orden y la estabilidad regional. Durante la Guerra Fría, se integró a la estrategia de contención del comunismo y sirvió de fundamento político para múltiples intervenciones directas e indirectas. En el siglo XXI, esta lógica reaparece bajo nuevas formas: durante la presidencia de Donald Trump, el enfoque monroísta fue reformulado en lo que algunos analistas denominan la “Doctrina Donroe”, orientada a reafirmar la primacía de Estados Unidos frente al avance de un orden multipolar promovido por China, cuya creciente presencia económica, financiera y diplomática en América Latina ha modificado los equilibrios tradicionales.
Desde una perspectiva jurídica, la Doctrina Monroe carece de valor normativo como fuente formal del Derecho internacional. Su aplicación histórica ha tensionado principios fundamentales como la soberanía, la no intervención, la igualdad jurídica y la autodeterminación de los pueblos, consagrados en la Carta de las Naciones Unidas. Frente a esta lógica, los Estados latinoamericanos desarrollaron doctrinas defensivas propias —como las Doctrinas Calvo, Drago y Estrada— destinadas a proteger su soberanía y limitar la injerencia externa.
Estas tensiones se reflejan con particular intensidad en la crisis venezolana, que ha tenido efectos económicos profundos en todo el continente. Las sanciones, el colapso productivo y la caída de la industria petrolera han provocado hiperinflación, devaluación y deterioro de los servicios básicos, impulsando una migración masiva que presiona los presupuestos y sistemas sociales de los países vecinos. Al mismo tiempo, China ha aprovechado este contexto para ampliar su presencia económica en la región, transformando flujos de comercio y capital.
La reciente intervención de Estados Unidos en Venezuela ha añadido una nueva capa de incertidumbre económica regional, afectando los mercados energéticos y elevando el riesgo percibido por los inversionistas. A futuro, la falta de unidad regional y la debilidad de mecanismos institucionales como la OEA limitan la capacidad de respuesta conjunta. Reforzar instancias de integración como la CAN y el Mercosur, dotándolas de mayor voz política, aparece como una condición esencial para fortalecer la autonomía, estabilidad y desarrollo económico del continente.
