El profesor de Derecho de la UDEP aportó su experiencia a una comisión del Ministerio Público que busca proponer cambios legales para combatir la criminalidad y proteger los derechos de terceros de buena fe.
Por Roxana Vásquez Palacios. 12 octubre, 2026.El doctor Percy García, profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Piura (UDEP), participó como experto en la Comisión de Reforma del Régimen de Extinción de Dominio del Ministerio Público. Su aporte se centró en analizar la naturaleza de este proceso y plantear criterios para una regulación que permita combatir la criminalidad sin vulnerar los derechos de terceros de buena fe.
La extinción de dominio es un proceso especial que permite trasladar al Estado la titularidad de bienes utilizados para cometer delitos o que provienen de actividades delictivas. Su regulación ha sido objeto de cuestionamientos y reformas, así como de un pronunciamiento del Tribunal Constitucional sobre su constitucionalidad.
En este contexto, la comisión busca formular una propuesta de modificación normativa que mantenga la eficacia de esta herramienta contra el delito y garantice el respeto de los derechos de quienes adquirieron bienes de buena fe.
“Fui invitado como especialista para el entendimiento de la naturaleza de este proceso y cuál sería la mejor forma de regularlo, atendiendo a que en el proceso penal existe ya la figura del decomiso. La idea es encontrar un razonable equilibrio entre el decomiso y la extinción de dominio”, explicó el doctor García.
Combatir la rentabilidad del delito
Para el profesor de la UDEP, la lucha contra la criminalidad no debe limitarse a imponer penas a los responsables, sino que también debe impedir que conserven los beneficios económicos obtenidos mediante actividades delictivas.
Desde esta perspectiva, sostuvo que los mecanismos legales deben permitir que los responsables pierdan las ganancias derivadas del delito, de modo que la actividad criminal no resulte rentable.
Asimismo, destacó el valor del diálogo entre los fiscales y la academia. Según explicó, el intercambio permite que los investigadores y docentes conozcan de primera mano los problemas que enfrenta el sistema de justicia y aporten conocimientos especializados para plantear soluciones.
El doctor señaló, además, que la propuesta de reforma debe articular tres objetivos: respetar los derechos de terceros de buena fe, garantizar la coherencia de la regulación y mantener la eficacia de los instrumentos destinados a combatir la criminalidad.
Finalmente, expresó su expectativa de que la Fiscalía de la Nación continúe promoviendo espacios de diálogo con la academia. Consideró que esta colaboración contribuye a acercar la investigación jurídica a las necesidades de las instituciones y a mejorar las propuestas de reforma normativa.
