La aprobación de las normas internacionales de información financiera (NIIF S1 y NIIF S2) implica un cambio de la acción reputacional a la decisión financiera, con foco en la gobernanza, estrategia, gestión de riesgos y métricas.
Por Graciela Tuesta. 07 abril, 2026.
El Consejo Normativo de Contabilidad del Ministerio de Economía y Finanzas de Perú aprobó que las empresas revelen información sobre sostenibilidad con impacto financiero, a través de las NIIF S1 y NIIF S2, lo cual, indica el doctor Julio Hernández, profesor de la Universidad de Piura, marca un avance clave en la modernización del sistema contable, financiero y de reporte corporativo del país.
Refiere que con la normativa las empresas del país deberán incorporar la sostenibilidad en la información financiera, lo que dará al Perú estándares globales y fortalecerá su competitividad en los mercados internacionales.
Por otra parte, el docente e investigador de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales– Campus Lima explica que las NIIF S1 y S2 representan un cambio estructural en la forma en que las empresas gestionan y comunican su desempeño. “En ellas se establece cómo las organizaciones deben identificar, medir y revelar los riesgos y oportunidades de sostenibilidad que impactan directamente en sus resultados financieros”, detalla.
Emitidas por el International Sustainability Standards Board (ISSB), ambas normas se complementan. En la NIIF S1, refiere Hernández Pajares, se establece el marco general de divulgación, basado en pilares como gobernanza, estrategia, gestión de riesgos y métricas. En tanto, en la NIIF S2 se atiende al cambio climático, pues se abordan aspectos como emisiones de gases de efecto invernadero, transición energética y resiliencia empresarial.
Para el doctor Hernández, el principal aporte con estas normas es que trasladan la sostenibilidad de un enfoque reputacional a uno estratégico. “Ya no se trata solo de reportar impactos ambientales o sociales, sino de demostrar que estos factores influyen en la rentabilidad, el flujo de caja y el valor de la empresa en el largo plazo”, señaló.
La implementación de la nueva normativa, prevista para el 2029, implicará retos importantes para el sector privado. En esta línea, el doctor Hernández señala que las empresas deberán fortalecer sus capacidades técnicas, desarrollar sistemas de información adecuados e integrar áreas como finanzas, sostenibilidad y gestión de riesgos. Asimismo, deberán alinearse con estándares internacionales como GRI, SASB y TCFD, que permitirán generar información comparable y confiable.
No obstante, agrega el docente de la UDEP, los beneficios para la economía nacional son relevantes. “La adopción de estas normas mejorará la transparencia empresarial, elevará la calidad de la información para inversionistas y facilitará el acceso a capital internacional”, destacó el especialista. En ese sentido, subraya que el Perú ingresa a una lógica de comparabilidad global, donde sus empresas podrán ser evaluadas bajo los mismos criterios que las de otros países.
Además, este proceso impulsa la incorporación de políticas sostenibles en las empresas privadas, y promueve decisiones que consideran la rentabilidad y el impacto ambiental y social. “Se trata de una transformación que mejora el reporte, genera cambios reales en la gestión empresarial y contribuye al desarrollo sostenible”, destaca Hernández.
Casos en la región andina: Chile y Brasil
Por los resultados desde su implementación en otros países, se ha confirmado que los marcos mejoran la transparencia, atraen inversión y fortalecen la gobernanza corporativa, aunque requieren procesos graduales de implementación.
En 2021, Chile emitió la normativa de divulgación de sostenibilidad NCG 461 que establece la obligación para las empresas emisoras de valores de revelar información sobre sostenibilidad y gobierno corporativo dentro de sus reportes anuales bajo criterios ESG. Y, en 2024, con la Norma NCG 519, se introdujo un enfoque de materialidad financiera, alineado con inversionistas y mercados de capitales. En Brasil, hay un marco regulatorio de uso voluntario desde el 2024 y obligatorio a partir del 1 de enero del 2026 para empresas alistadas.
En conjunto, esta norma representa un hito en la modernización del sistema contable y financiero del Perú, alineándolo con las tendencias globales de sostenibilidad y reporte de acuerdo a estándares internacionales que permitan su comparabilidad y calidad.
