Y ante las inminentes lluvias, ¿quién protege el patrimonio?

Incorporar la gestión de riesgos a nuestras políticas patrimoniales no debe ser algo complementario sino, ante la posibilidad de la frecuencia de estos fenómenos climáticos, debe convertirse en una necesidad.

Nuevamente el anuncio de las lluvias vuelve a ocupar gran parte de nuestra atención. Nuestras conversaciones suelen ser abordar la situación de la descolmatación de los ríos, quebradas, carreteras, viviendas, colegios, establecimientos de salud y cultivos. Del mismo modo, frente a esta realidad en donde se identifican varios puntos críticos, se discuten presupuestos, así como la participación efectiva de diversas instituciones, vuelve a aparecer, una vez más una palabra indispensable en estos momentos: prevención.

En medio de todas estas preocupaciones, hay personas e instituciones que ya están poniendo los medios para la protección de sitios arqueológicos, sabemos de los esfuerzos que año a año se realizan para prevenir su deterioro a raíz de las lluvias. Tenemos certezas de que hay una legítima preocupación por proteger los espacios prehispánicos, pero, ¿qué pasa con el patrimonio histórico? Y con ello, me refiero a las iglesias, plazas, monumentos, casonas, cementerios, mercados, antiguas haciendas y tantos otros espacios que forman parte indiscutiblemente relevante de la memoria y de la identidad de nuestras ciudades. Muchos de estos bienes, especialmente los de la costa norte del Perú, territorio que será especialmente afectado durante El Niño, fueron construidos con adobe, quincha, madera y otros materiales particularmente vulnerables frente a intensas lluvias, inundaciones y humedad.

Con esta reflexión inicial no estoy diciendo que no se haga nada, al contrario, se debe reconocer que hay acciones desde el ente rector y de sus sedes en provincias, para inspeccionar inmuebles declarados como patrimonio y recomendar medidas preventivas; estos esfuerzos deben seguir realizándose e incluso fortalecerse. Sin embargo, cuando se observa la experiencia en la protección del patrimonio arqueológico frente al Fenómeno de El Niño, aparece la oportunidad para hacernos otra interrogante, ¿tenemos alguna estrategia, articulada entre diversos sectores, para prevenir los daños sobre el patrimonio histórico inmueble?

Este tema se torna aún más complejo debido a que no todos estos bienes tienen la misma condición, ya que algunos pertenecen al Estado, otros a municipalidades, siendo de carácter público, o a la Iglesia Católica u otras entidades religiosas (propiedad privada de orden confesional); muchos son de propiedad privada, especialmente arquitectura civil, y otros forman parte de espacios públicos cuya conservación involucra a distintas entidades. Es verdad que el patrimonio es de todos por su valor cultural, pero su cuidado cotidiano tiene responsables concretos.

Y justamente allí surge una tensión que merece la pena ser discutida. Recordemos que cuando se reconoce un bien inmueble, de carácter histórico o religioso, como Patrimonio Cultural de la Nación se afirma que sus significados y valores trascienden a quien ostenta su propiedad. ¿Qué sucede, entonces, cuando protegerlo frente a una emergencia requiere de recursos que su propietario o administrador no posee? ¿Hasta dónde llega la responsabilidad individual y dónde comienda la responsabilidad pública? ¿Qué facilidades tienen los propietarios de bienes con declaratoria para su protección física o para su intervención a través de acciones preventivas ante escenarios como el que se nos acerca?

Quizá el verdadero desafío esté en dejar de pensar la gestión del patrimonio cultural inmueble principalmente como una reacción posterior al daño. Prevenir también es conservar, lo que implica conocer qué bienes se encuentran expuestos, identificar sus niveles de vulnerabilidad, establecer prioridades y contar con protocolos de intervención. Supone también brindar asistencia técnica oportuna, no solo desarrollar acciones de carácter punitivo, generar incentivos, facilitar alianzas y explorar mecanismos de financiamiento que permitan actuar antes de que las lluvias, o cualquier otro evento natural, conviertan una situación vulnerable en una perdida irreversible.

Además, el problema va mucho más allá que solo superar una temporada de fuertes lluvias. Incorporar la gestión de riesgos a nuestras políticas patrimoniales no debe ser algo complementario sino, ante la posibilidad de la frecuencia de estos fenómenos climáticos, debe convertirse en una necesidad.

Las lluvias llegarán, es algo inminente. La pregunta, finalmente, será si esperaremos nuevamente a evaluar los daños cuando ya todo haya pasado, lamentándonos por el patrimonio que perdimos, o si seremos capaces de anticiparnos. El tiempo corre.