El debate no debe centrarse en si se deben o no endurecer las medidas aplicables a los adolescentes o tratarlos como adultos.
Por Javier López Romaní. 21 septiembre, 2026. diario Correo
El TC ha sido claro en señalar que los menores de 18 años deben permanecer dentro del sistema de justicia juvenil especializado, por la protección especial que les reconoce el artículo 4 de la Constitución y la Convención sobre los Derechos del Niño.
Esto no impide revisar y evaluar si las medidas socioeducativas responden adecuadamente a infracciones especialmente graves. Sin embargo, creo que el problema de fondo es mucho más complejo y no puede solucionarse únicamente desde el Derecho Penal. Este interviene cuando el hecho grave ya ocurrió; puede investigar, determinar responsabilidades y aplicar una consecuencia jurídica, pero difícilmente resolverá -por sí mismo- las condiciones sociales, familiares o educativas que están detrás de determinadas formas de violencia.
El Estado debería articular una política integral de prevención de la violencia contra niños y adolescentes, que involucre al sistema de justicia, a la familia, la escuela y las distintas instituciones estatales responsables de su protección. Esto implica fortalecer la educación y prevención de la violencia sexual, los mecanismos de detección temprana y denuncia, la atención psicológica, la supervisión en los centros educativos y la intervención oportuna frente al bullying, hostigamiento o violencia antes de que escalen.
La protección especial que brinda nuestra Constitución a los adolescentes no empieza cuando cometen una infracción penal o cuando otro se convierte en víctima, sino que debe darse mucho antes creando condiciones familiares, educativas y sociales que permitan que niños y adolescentes crezcan, se eduquen y se formen en ambientes seguros y sanos.
