Existe una enfermedad endémica en nuestra organización administrativa que, camuflada detrás del mal uso de la designación, la confianza-lealtad subjetiva, el acomodo de requisitos de acceso o la contractualización privada, se manifiesta permanentemente a través de políticos.
Por Orlando Vignolo. 17 enero, 2022. Publicado en Correo, el 15 de enero de 2022.
Existe una enfermedad endémica en nuestra organización administrativa que, camuflada detrás del mal uso de la designación, la confianza-lealtad subjetiva, el acomodo de requisitos de acceso o la contractualización privada, se manifiesta permanentemente a través de políticos y el común de nuestros burócratas. Esta peste tan fuerte es asumida por parte de varios profesores universitarios, periodistas y muchos particulares como una cuestión ordinaria.
Me refiero a la idea de que el político que gana una elección democrática tiene que colocar a los “suyos” en las plazas administrativas para gobernar bien. Parte de este privilegiado grupo de numerus apertus son los partidarios, miembros empresariales, familiares, circunstanciales aplaudidores, tecnócratas de ideología cercana o simplemente seguidores de su “nombre, mensaje o prestigio”.
En el fondo, este mal, que se manifiesta de una manera nunca vista en el actual Gobierno nacional, es una de las peores formas de destrucción de la función pública profesional pues la transforma en una cosa patrimonial e intercambiable por el político de turno, permitiendo que este sujeto la pueda lotizar y tenga destinos diversos e insospechados. Incluso, este agresivo mal derrumba por completo el sentido del deber funcionarial, los mínimos exigibles de capacidad profesional y aptitud personales, los principios constitucionales de la función pública, el modelo organizativo escogido por el Derecho y el esfuerzo propio (que es la savia que debe tener todo ciudadano para ser funcionario público). Pero lo peor no es eso: la patrimonialización permite que el político tome la función pública como si fuera un propietario, asumiéndose guardián y definidor del propósito de esta, cuando ningún poder de este estilo existe en nuestro ordenamiento. Esta patrimonialización de la burocracia sin habilitación jurídica se muestra hoy y, desgraciadamente, no puede dejar de verse en toda la historia de nuestra República.
Este es un artículo de opinión. Las ideas y opiniones expresadas aquí son de responsabilidad del autor.
