Ingrid Nuñez y Frank Caballero expusieron sus investigaciones sobre el delito de colusión y la violencia en el robo, en un encuentro académico que reunió a especialistas de Perú, Chile y Alemania.
Por Roxana Vásquez Palacios. 11 noviembre, 2026.Del 4 al 6 de noviembre, la Facultad de Derecho de la Universidad Católica de la Santísima Concepción (UCSC), en Chile, acogió las XXII Jornadas Nacionales de Derecho Penal y Ciencias Penales, bajo el título “El Derecho Penal en época de inseguridad, conflicto y deshumanización de la delincuencia”.
En este encuentro, Ingrid Nuñez y Frank Caballero, asistentes de cátedra de Derecho Penal y Procesal Penal de la Universidad de Piura (UDEP), presentaron sus libros, con los comentarios del doctor Ronald Vílchez, director de Departamento de la Facultad de Derecho y jefe del área de Derecho Penal y Procesal Penal.
Durante las jornadas, académicos de Chile y de Alemania, principalmente, expusieron sobre los desafíos del ejercicio del poder punitivo en escenarios de creciente conflictividad social y criminalidad organizada. Además, trataron los límites de la respuesta penal, la colaboración entre la academia y la magistratura, y la incidencia de la inteligencia artificial en la justicia penal.
¿Delito de colusión por omisión?
Ingrid Nuñez presentó el libro El delito de colusión en comisión por omisión. Análisis a partir de la jurisprudencia y las posiciones doctrinarias (Tirant lo Blanch, 2026), una investigación que parte de su tesis de licenciatura, dirigida por el doctor Vílchez.
En su publicación, examina la posibilidad de atribuir responsabilidad penal por colusión a un funcionario que, pese a conocer que otro integrante de un comité de selección se ha concertado con un particular para favorecer a una empresa, no interviene ni denuncia los hechos.
Esta cuestión cobró relevancia a partir de dos casaciones de la Corte Suprema peruana, emitidas en 2023 y 2024, que abrieron la discusión sobre la imputación de este delito por comportamientos omisivos.
A partir del análisis de la colusión como delito de infracción de deber, la comisión por omisión y la delegación de funciones, Nuñez concluyó que esta forma de imputación no es jurídicamente viable. Sostiene que, la gravedad de la corrupción no justifica extender la responsabilidad penal más allá de los límites establecidos por el tipo penal.
Asimismo, estableció un paralelo con el artículo 239 del Código Penal chileno, que sanciona al funcionario público que defrauda o consiente que se defraude al Estado.
La violencia en el delito de robo
Por su parte, Frank Caballero presentó La violencia impropia como violencia del delito de robo (Instituto Pacífico, 2026), el 5 de noviembre, en la Corte de Apelaciones de Concepción. En su libro aborda los casos de sumisión química con fines patrimoniales, conocidos en el Perú como “pepeo”, en los que el autor administra drogas a una persona para reducir su capacidad de resistencia y sustraerle dinero u otros bienes.
El abogado analiza si estos hechos constituyen hurto o robo, una distinción que depende de cómo se interprete la violencia exigida por este último delito. Explica que la Corte Suprema peruana calificaba estos casos como hurto hasta 2015 y que, desde 2016, los considera robo.
Tras examinar el concepto de violencia desde los criterios de interpretación literal, social, sistemático, histórico y teleológico, el autor concluyó que la violencia impropia —la administración de sustancias para suprimir la resistencia de la víctima— también configura el delito de robo. Para el asistente de cátedra, este criterio responde a la finalidad del tipo penal y permite abordar nuevas realidades criminológicas. La discusión también resulta relevante para el Derecho chileno, cuyo Código Penal reconoce la violencia como medio comisivo del robo.
Durante los comentarios de las presentaciones, el doctor Vílchez explicó sobre la tendencia a buscar respuestas únicamente en el castigo frente a problemas como la inseguridad y la desconfianza en las instituciones. En ese sentido, señaló la importancia de preguntarse bajo qué límites se justifica recurrir al Derecho Penal.
