Cuestión distinta es que no haya podido materializar su golpe, como sí sucedió con Fujimori, empero, ello no elimina la responsabilidad legal del expresidente, pues estamos frente a un acto que típicamente puede constituir un delito de rebelión o una conspiración.
Por Francisco Alvarez. 17 abril, 2023.
Con ocasión de otro aniversario del 5 de abril, la exministra del gobierno de Castillo, Anahí Durand, fue consultada en una entrevista sobre la coincidencia entre lo hecho por Fujimori y lo que intentó ejecutar Castillo. Ella, rápidamente, negó algún grado de similitud y aseveró que el expresidente hizo una proclama al país, y que nunca contó con el verdadero apoyo de las fuerzas del orden.
Este argumento no es nuevo pues, en las últimas semanas, viene cobrando eco desde el exterior por uno de los abogados que representa al exmandatario. Se olvida, sin embargo, que Castillo no era un simple ciudadano de a pie que, ante la grave ineficiencia y corrupción de un gobierno, da un mensaje en una plaza pública donde insta a sus nacionales a derrocarlo y reorganizar las instituciones.
Aquel Castillo del 7 de diciembre de 2022 era el presidente del país, tenía el mando y la autoridad sobre las Fuerzas Armadas, y proclamó un discurso donde instaba la disolución del Congreso y a la reorganización del Poder Judicial, entre otros. Ese dato es suficiente para ubicar en tiempo y lugar que no se trataba de un simple peruano, pues tenía competencias legales y constitucionales que lo habilitaban para realizar actos de gobierno.
Cuestión distinta es que no haya podido materializar su golpe, como sí sucedió con Fujimori, empero, ello no elimina la responsabilidad legal del expresidente, pues estamos frente a un acto que típicamente puede constituir un delito de rebelión o una conspiración. La narrativa del engaño no puede vencer la realidad de los hechos, y el Estado peruano tiene la obligación de asegurar la verdad.
Este es un artículo de opinión. Las ideas y opiniones expresadas aquí son de responsabilidad del autor.
