Las elecciones primarias son importantes, pues permiten aumentar la representatividad y la legitimidad de los candidatos, que luego competirán por ser nuestras autoridades. Por ahorrar al erario, lo barato puede resultar caro.
Por Koko Zavala. 20 septiembre, 2021. Publicado en Diario Correo 20-09-2021
En el Congreso de la República está por debatirse un predictamen que busca la suspensión de las elecciones primarias en los partidos que participarán en el proceso electoral de octubre del 2022 para designar a las nuevas autoridades regionales y municipales del país. El doctor Víctor Herrada, profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Piura, analiza en esta entrevista los pro y contras de esta medida.
La Comisión de Constitución aprobó por mayoría la suspensión de las elecciones primarias con voto universal, simultáneo y obligatorio, previstas para los comicios municipales y regionales del 2022. ¿Cuál es su opinión al respecto?
Esta comisión se ampara en dos motivos: la pandemia del COVID-19 y el ahorro en las arcas del erario. Creo que son razones insuficientes.
Nuestra propia experiencia de este año demuestra que, aunque las elecciones generales se realizaron en pleno auge de la situación pandémica, no existió un mayor repunte de contagios por su causa, probablemente por la adopción de medidas de bioseguridad. Es más, el último domingo, en Argentina, se han realizado elecciones primarias.
¿Considera esta medida propuesta por el Congreso, como técnica o política?
Las circunstancias me hacen pensar que es una medida principalmente política, movida por intereses partidarios. Al suspenderse las elecciones primarias, los candidatos serán elegidos en la interna de los partidos, contexto en el cual se ha demostrado que, como regla general, más que de una elección democrática, se trata de una designación de candidatos realizada por las dirigencias.
¿A quiénes beneficiaría o perjudicaría la aprobación de este predictamen?
Los perjudicados son los ciudadanos. Solemos quejarnos de los candidatos entre los que tenemos que optar en una elección. Pues, precisamente las elecciones primarias sirven para asegurar que ese “menú” de candidatos sea elaborado por la población y no por las dirigencias de los partidos. La suspensión tiraría eso por la borda. Habrá que esperar aún a lo que decida el pleno del Congreso.
Y, queda claro que, aun alegándose razones de necesidad por la pandemia (que, insisto, no comparto), los más beneficiados con el predictamen son los partidos. Debe tomarse en cuenta que este también suspende las causales de cancelación de la inscripción de un partido por no presentar candidato en un determinado número de regiones, provincias y departamentos. Esto permitiría que varios partidos, que ahora mismo están en el Congreso, conserven la inscripción sin la necesidad de hacer mayores esfuerzos para obtener representatividad nacional. A un partido le bastaría postular a un candidato en una sola región o provincia para conservar su inscripción. Es un despropósito.
El JNE precisa que la ampliación de plazos, para modificar las normas del proceso electoral del 2022, afecta la seguridad jurídica de este. ¿Concuerda usted con esta postura?
Toda posibilidad de modificar las reglas con poca anticipación es un riesgo que afecta la seguridad jurídica. La Comisión de Constitución alega que en las elecciones generales de 2021 se hizo lo mismo. Sin embargo, la situación era distinta: no se sabía cómo iban a afectar las elecciones a la situación pandémica, por lo que se justificaba abrir una posibilidad de “adaptación normativa”. No ocurre lo mismo actualmente. Quienes actúan en un proceso electoral deben poder hacerlo con anticipación y con la confianza de que las reglas no cambiarán intempestivamente.
Voces parlamentarias discrepantes señalan que con esta medida se anularía la posibilidad de que los peruanos elijan libremente a sus verdaderos representantes, ¿esto sería así?
Sí. En unas elecciones primarias, todos los ciudadanos, sin importar si se está o no afiliado a un partido, participan en la selección de los candidatos que los partidos presentarán a unas determinadas elecciones. La figura fue incorporada con el fin de asegurar la representatividad y fortalecer la democracia interna de los partidos.
En esta línea, ¿cómo ve usted la reciente aprobación de un dictamen de la Comisión de Constitución sobre la cuestión de confianza?
El dictamen deja explícito lo que razonablemente puede interpretarse de nuestra Constitución: la cuestión de confianza solo puede ser planteada con relación a materias directamente referidas a la política general de Gobierno y que no puede ser planteada para buscar la aprobación de reformas constitucionales. Lo primero se aprecia en el artículo 130; y lo segundo, en el artículo 206 de la Constitución, que establece que la ley de reforma constitucional no puede ser observada por el presidente.
Aquí se entraría en el tema de la interpretación auténtica de la Constitución, ¿el Congreso puede realizar esa interpretación?
La octava disposición final y transitoria de la Constitución dice que las disposiciones que lo requieran “son materia de leyes de desarrollo constitucional”. Es la propia Constitución la que concede competencia al Parlamento para interpretarla vinculantemente por vía de ley.
¿Podría representar un arma de “doble filo” para el Congreso, en caso pretenda censurar a los ministros del actual gobierno?
Si se aprueba el dictamen en el Pleno del Congreso no tendría por qué representar una afrenta para el Ejecutivo que le motive a presentar cuestiones de confianza por cada interpelación o censura propuesta por el Congreso (motivos para esto último sobran). Si tal fuera el caso, hablaría muy mal, no solo del talante democrático del Gobierno, sino también del respeto a la Constitución que se juró respetar al asumirse el cargo.
Víctor Herrada Bazán
- Doctor en Derecho por la Universidad de Valladolid (España).
- Abogado y máster en Derecho de la Empresa por la Universidad de Piura.
- Profesor de la Facultad de Derecho de la UDEP.
