El Gobierno decidió otorgar vacaciones forzosas a sus servidores con la finalidad de reducir los gastos operativos y fomentar el turismo. Desde luego, ha previsto dejar a un reducido número de funcionarios para evitar la paralización del aparato estatal. Loables objetivos los que se propone. Lo que no parece ser claro es el resultado de la medida y, menos aun, sus consecuencias y corolarios.

En efecto, supongamos "y nos lo podemos permitir, ya que se trata de un análisis de las consecuencias de esta medida", que después del 4 de enero llegamos a la conclusión que este grupo de trabajadores se desempeñó adecuadamente en las diversas reparticiones del Estado. De ser así, podríamos decir que la medida cumplió uno de sus objetivos. Sin embargo, deberíamos preguntarnos si esto fue consecuencia de la eficiencia de los funcionarios que quedaron o, bien, a que estos no tuvieron la oportunidad que sus demás colegas interfirieran en su trabajo. Como es lógico, también pensaríamos que el éxito se debió a que se ha hecho una muy buena selección de los empleados que permanecieron trabajando.

En cualquier caso, las conclusiones podrían ser otras: es importante hacer una evaluación de los funcionarios públicos, basados no solo en antecedentes y conocimientos, sino también en capacidades y actitudes. Adicionalmente, podríamos pensar que si el Estado funciona relativamente bien con solo el 10% o 15% de sus funcionarios, por qué tener más.

Puede ocurrir que la medida no tuviera éxito y que entre una de sus causas estaría la selección realizada, solo que esta vez no se quedaron los mejores o que la maraña era tan grande que faltaban brazos para desenredarla.

Nos quedaría como consuelo un supuesto incremento del turismo interno. Si hubiera sido así, no estaría claro si fue por esos empleados, si tenemos en cuenta los frecuentes reclamos salariales que hacen. Cabe pensar si esos funcionarios en vez de hacer turismo interno se dedicaron a arreglar su casa. Esta es una de las falacias de la economía, cuando el Estado quiere tomar por sí las decisiones de los ciudadanos: el dinero no se multiplica por decreto. Si una persona gasta en turismo interno estarán contentos los dueños de hoteles, agencias de viaje, empresas de transporte. Pero estarían preocupados los sastres, los tapiceros o los constructores (ladrillos, maderas, vidrios, pintura, etc.). Sería discutible definir cuál tiene mayor repercusión en las personas.

Sea el que fuere el resultado de la medida, lo único que podríamos decir es que hay que reformar cuanto antes el Estado. Hay funcionarios magníficos, abnegados, con vocación de servicio y eficientes, que intentan sobreponerse a la telaraña. También hay reparticiones necesarias para el desarrollo y fomento de la calidad de vida de los ciudadanos. Pero también hay mucho que cambiar.

¿No será el momento de hacer una evaluación a fondo de cómo queremos que sea el Estado? Y no esperar a diciembre del próximo año, para volver a forzar las vacaciones de los funcionarios.

(*) Docente del PAD- Escuela de Dirección de la Universidad de Piura