El Congreso, como órgano constitucional, tiene una serie de funciones. De entre ellas, las principales son: la representativa, la legislativa y la de control político. Sin embargo, el pésimo ejercicio que ha hecho de estas funciones, ha llevado a que la ciudadanía se formule la siguiente pregunta: "¿vale la pena tener un Parlamento?".

Respecto a la función representativa su desnaturalización ha llegado a convertirse en una fuente importante de crisis. Se afirma -y con sobrada razón- que los parlamentarios no representan los verdaderos intereses y aspiraciones de la sociedad, sino a los intereses del partido o grupo político al cual pertenecen, cuando no a sus propios intereses. Se ve al parlamentario como alguien alejado de la población que ignora las necesidades reales de ella y que, consecuentemente, jamás podrá trabajar por satisfacerlas.

Igualmente ocurre con el pésimo ejercicio de la función de control que debe ejercer sobre las actuaciones del Ejecutivo. Que la mayoría del Parlamento pertenezca al mismo partido que el del Ejecutivo, lleva a que no ponga en marcha los mecanismos constitucionales de control, de manera que en la práctica se produce una actividad extralimitada e incontrolada del Ejecutivo, con la consiguiente quiebra del principio constitucional de equilibrio de poderes; y lo que es más grave, con el riesgo de que no se controlen o investiguen serios problemas de corrupción que pudieran existir en el seno del Ejecutivo.

En cuanto a la función legislativa, ocurre algo semejante: no es una novedad cómo el Ejecutivo ha alcanzado un papel especialmente relevante en la actividad legislativa en el país. Es él quien más legisla, cuantitativa y cualitativamente. No hay necesidad de ir muy lejos en el tiempo para comprobar que muchas veces el Congreso peruano destina parte de su tiempo a debatir y aprobar leyes que son sumamente intrascendentes para el desarrollo del país.

Si el Congreso no cumple con las funciones que constitucionalmente se le atribuye, parece que fuese innecesario mantenerlo, más aún cuando su funcionamiento demanda, mensualmente, importantes sumas de dinero del erario público para sueldos y gastos operativos. Es verdad que la ciudadanía siente que sus llamados representantes están bastante alejados de la realidad en la que tiene que sobrevivir la inmensa mayoría, una realidad complicada, difícil; mientras, los congresistas aparecen a los ojos de la población como personas afortunadas que viven en una realidad distinta, mejorada por una serie de beneficios y prerrogativas económicas y políticas, las que no sólo cuidan, sino que procuran acrecentar.

Es verdad que el Congreso ha sido sometido políticamente por el Ejecutivo, al que en la práctica le ha entregado su renuncia a fiscalizar seriamente sus actos de gobierno. Y es verdad también que pulveriza los principios constitucionales y democráticos, al punto que genera anhelos de gobiernos dictatoriales. Por su incompetencia, tiene ante la opinión pública una exigua aprobación, y, por lo que a muchos respecta, cerrarían el Parlamento y estarían dispuestos a vivir bajo el mando de un gobierno autoritario y quizá también totalitario.

Son ciertas todas estas críticas que pueden plantearse pero, por justicia y verdad, se debe reconocer que en estricto todas ellas no pueden ser predicadas del Parlamento como institución, sino de los congresistas. La causa de los problemas radica en los malos, incapaces e ineficientes congresistas.

Si la institución funciona mal, no le achaquemos culpa a la institución misma, sino a sus miembros. Son ellos los que han renunciado a ejercer debidamente las funciones parlamentarias. Son ellos quienes se alejan de la generalidad de los peruanos cuando se aprueban sueldos y gastos operativos en sumas que resultan siendo una ofensa a la gran mayoría de ciudadanos desempleados o de los que apenas pueden ganar un ínfimo sueldo. Son los congresistas los que han perdido su identidad parlamentaria al someterse a los designios del Ejecutivo o de los partidos o grupos políticos, pensando en retribuciones políticas que siempre terminan manifestándose en corruptelas. Son ellos, en definitiva, los que deshonran una de las más nobles instituciones constitucionales con las que cuenta un Estado de derecho.

Pero se debe decir aún más. Si queremos encontrar realmente la causa del problema, no olvidemos que quienes eligen a los parlamentarios somos todos y cada uno de nosotros. No nos excusemos, no hay excusa. Culpables somos también nosotros. Nosotros que no terminamos de aprender a elegir con la cabeza en lugar de hacerlo con el corazón, que suele enamorarse de cualquier promesa de un mundo mejor, sin tan siquiera preguntar sobre la capacidad o no del candidato para cumplir cabalmente con los deberes y funciones parlamentarias.

Cobran así, pleno significado expresiones como: "cada sociedad tiene los gobernantes y parlamentarios que se merece". No nos engañemos, nos merecemos los parlamentarios que tenemos porque están en el Parlamento por nuestros votos. Nosotros los hemos elegido. Por tanto, a la pregunta ¿vale tener un Parlamento? la respuesta debe ser un sí contundente.

El Congreso, como institución, es necesario para lograr un Estado democrático de derecho que es el presupuesto fundamental para que hoy en día se pueda hablar de desarrollo pleno de las personas. Lo que se debe hacer es fortalecerlo institucionalmente. Y, empezará a fortalecerse el día que nosotros, los ciudadanos, los electores, nos decidamos seriamente a no permitir que vuelvan a formar parte de él personas que, además de la plena satisfacción de sus intereses personales, lo único que logran es el desprestigio y ruina de nuestras instituciones democráticas.

(*) Profesor de Derecho Constitucional y de la Maestría en Derecho de la Facultad de Derecho de la Universidad de Piura.